Rajoy anuncia el cese como presidente de Carles Puigdemont y de todo el
Govern de Cataluña
El Consejo de Ministros ha analizado desde las 10 de la mañana las medidas que se aplicarán en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución. En la exposición de motivos del escrito sobre las medidas se afirma que en la aplicación del artículo 155 se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución: «Que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. Ambos concurren en el presente caso».
En esta exposición de motivos, el Gobierno constata que ha habido una «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Gobierno subraya que ha habido un «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado» de sus obligaciones constitucionales, a través de un proceso de secesión con «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, «afectando de manera grave al interés general de España».
En el escrito de las medidas del 155, que analiza el Consejo de Ministros, se advierte de que «las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña». «Se ha provocado una progresiva fractura de la convivencia y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico».
El Gobierno destaca que también se está viendo afectada la actividad turística, donde está registrando una drástica caída de las reservas. Y en el ámbito industrial, se está produciendo una disminución en el número de pedidos de automóviles, y en el ámbito de comercio interior, «se está observando una bajada de las ventas en grandes superficies».
«Estos hechos están afectando a la evolución económica en Cataluña y contrastan con el dinamismo económico que venía mostrando hasta ahora», advierte el Ejecutivo.
En este escrito, el Gobierno explica cómo se ha producido por parte de la Generalitat una actitud «intolerable, que no resulta ni mucho menos inocua». «La deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña».
El Gobierno constata también que «los gobernantes de Cataluña no han respetado ni la legalidad sobre la que se asienta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden».
Los cuatro objetivos de las medidas
Las medidas del 155 se plantean «de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades». Responden a cuatro objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
En esta exposición, el Gobierno concluye que «resulta esencial garantizar íntegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quiere preservar».
