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CIUDADANOS POR LA INNOVACION

FORO DE ENCUENTRO DE CIUDADANOS POR LA INNOVACION DE GUINEA ECUATORIAL (C.I.).


EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS.


TEMA: ANALISIS  DEL DISCURSO  DEL PRESIDENTE DE LA REPUBILICA DE GUINEA ECUATORIAL, TEODO OBIANG NGUEMA MBASOGO, CON OCASIÓN AL FIN DEL AÑO 2018 Y PARA EL NUEVO AÑO 2019.


FECHA: Pérez-Malabo/Guinea Ecuatorial, 11/01/2019


El Departamento de Análisis, Estudios e Investigación del partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, siguió muy atentamente el discurso institucional del Presidente de nuestro país, Guinea Ecuatorial, con ocasión al fin del año 2018 y comienzo de este nuevo año 2019, la conclusión y denominador común que sacamos o  hemos extraído de dicho discurso, ha sido la defensa a ultranza de la hipotética paz, que la paz debe ser defendida por todas las instituciones del Estado, entre estas: los partidos políticos, así como, la ciudadanía en general, por ser la paz, la clave que ha permitido el desarrollo de nuestro país y es envidia para otras naciones africanas.


De ese discurso, no escuchamos propuestas de desarrollo para este año, la situación de crisis económica que afecta el país y que condena a las miles de familias a la hambruna y la receta política económica para poner fin a esta crisis; no se habló de la implantación de una verdadera democracia en nuestro país, basada en la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos; no se habló de la seguridad jurídica que amenaza esa paz reinante;  no se refirió tampoco a otros planes de futuro inmediato que puedan generar esperanza e ilusiones a los ciudadanos de esta nación que están languideciéndose en la desesperación sin saber quá será de ellos a mediano y a largo plazo.


Al ser la paz el denominador común del discurso y el fundamento político del Presidente de la Republica y su partido PDGE, sencillamente desde C.I., pese a que nuestros principios de actuaciones se basan en la Libertad, Justicia y Democracia, sin embargo, no estamos en contra de que haya paz en nuestro suelo patrio, una paz segura y estable desde los fundamentos jurídicos y democráticos y no la paz impuesta, que sirve de manto blanco para tapar las injusticias y el abuso de poder imperantes en la nación.


Al hacer esta breve introducción a nuestro análisis, queremos pasar a la materia de esta nuestra entrega, haciendo esta pregunta  al régimen del PDGE.


¿PUEDE HABER PAZ SIN JUSTICIA?


La respuesta a esta pregunta es que: “Sin justicia NO puede haber Paz.”


¿El Porqué de esta respuesta?


Porque, de la justicia de cada uno, nace la paz para todos.


Y para que nos entiendan mejor los compatriotas del régimen del PDGE, vamos a presentar las siguientes observaciones:


Asegurarles  que, la justicia, camina con la paz y está en relación constante y dinámica con ella. La justicia y la paz tienden al bien de cada uno y de todos, por eso, exigen orden y verdad. Cuando una se ve amenazada, ambas vacilan; cuando se ofende la justicia también pone en peligro la paz.


Hay una estrecha relación entre la justicia de cada uno y la paz para todos. El mundo de hoy, aunque amenazado en muchas regiones por tensiones, violencias y conflictos, como consecuencia de dictaduras, tiranías, corrupción e injusticias, sin embargo, está en busca de nuevas formas y de equilibrios más estables, con vistas a una paz auténtica y duradera para toda la humanidad.


Justicia y paz, no son conceptos abstractos o ideales lejanos; son valores que constituyen un patrimonio común y que están arraigados en el corazón de cada persona. Todos están llamados a vivir en la justicia y a trabajar por la paz: Gobierno, partidos políticos, asociaciones, individuos, familias, comunidades y naciones. Nadie puede eximirse de esta responsabilidad.


¿Quién puede quedar indiferente ante su anhelo de una vida asentada en la justicia y en la auténtica paz? Es responsabilidad de todos hacer lo posible para que lo alcancen, pues la plena justicia sólo se obtiene cuando todos pueden participar de ella por igual.


Para seguir reafirmando esta tesis según nuestras investigaciones:


La justicia es, al mismo tiempo, virtud moral y concepto legal. En ocasiones se la representa con los ojos vendados; en realidad, lo propio de la justicia es estar atenta y vigilante para asegurar el equilibrio entre derechos y deberes, así como el promover la distribución equitativa de los costos y beneficios. La justicia restaura, no destruye; reconcilia, en vez de instigar a la venganza. Bien mirado, su raíz última se encuentra en el amor, cuya expresión más significativa es la misericordia. Por lo tanto, separada del amor misericordioso, la justicia se hace fría e hiriente.


La justicia, es una virtud dinámica y viva: defiende y promueve la estimable dignidad de la persona y se ocupa del bien común, tutelando las relaciones entre las personas y los pueblos. El hombre no vive solo, sino que desde el primer momento de su existencia está en relación con los demás, de tal manera que, su bien como individuo y el bien de la sociedad van a la par. Entre los dos aspectos hay un delicado equilibrio.


La justicia se fundamenta en el respeto de los derechos humanos.


La persona está dotada por naturaleza de derechos universales, inviolables e inalienables. Éstos, sin embargo, no subsisten por sí solos. A este respecto, el Papa Juan XXIII, enseñaba que la persona tiene por sí misma derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. “El auténtico baluarte de la paz se apoya en el correcto fundamento antropológico de tales derechos y deberes, y en su intrínseca correlación”. Aseguró el Papa.


En los últimos siglos, estos derechos humanos han sido formulados en diversas declaraciones normativas, así como en instrumentos jurídicos vinculantes. En la historia de los pueblos y naciones a la búsqueda de justicia y de libertad, su proclamación se recuerda con legítimo orgullo porque, además, se ha sentido frecuentemente como un cambio de época, después de flagrantes violaciones de la dignidad de los seres humanos y de poblaciones enteras.


Hace cincuenta años, tras una guerra caracterizada por la negación incluso del derecho a existir de ciertos pueblos, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, mediante resolución 217 A (III), del 10 de diciembre del año 1948. Fue un acto solemne, al cual se llegó, tras la triste experiencia de la guerra, por la voluntad de reconocer de manera formal los mismos derechos a todas las personas y a todos los pueblos. En ese documento se lee la siguiente afirmación, que ha resistido el paso del tiempo: La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana No menor atención se merecen las palabras con que concluye el documento: Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la presente Declaración.


Resulta dramático que, incluso en nuestros días, esta disposición se vea claramente violada por la opresión, los conflictos, la corrupción, o, de manera más subrepticia, mediante el intento de reinterpretar, a veces distorsionando deliberadamente su sentido, las mismas definiciones contenidas en la Declaración Universal.


El respeto de los derechos humanos, no implica únicamente su protección en el campo jurídico, sino que también debe tener en cuenta todos los aspectos que emergen de la noción de dignidad humana, que es la base de todo derecho. Además, es importante considerar también la promoción de los derechos humanos, que es fruto del amor por la persona como tal, ya que, el amor va más allá de lo que la justicia puede aportar.


Urge una cultura de la legalidad en nuestro sistema jurídico, político y democrático, para acabar con las desigualdades que atentan contra la paz.


¿Qué podemos decir de las graves desigualdades que existen en nuestra nación? Las situaciones de extrema pobreza, en cualquier lugar en que se manifiesten, son la primera injusticia. Su eliminación debe representar para todos una prioridad en el ámbito nacional.


No se puede pasar por alto, además, el vicio de la corrupción y de criminalidad, que socava el desarrollo social y político de nuestros pueblos. Es un fenómeno creciente que va penetrando insidiosamente en muchos sectores de la sociedad, burlándose de la ley e ignorando las normas de justicia y de verdad. La corrupción es difícil de contrarrestar, porque adopta múltiples formas, tanto la lacra de la corrupción y la de la criminalidad, sin exigencias jurídicas contundentes y verificables, atentan contra la paz reinante en nuestro suelo patrio y hacen frágil o inservible nuestra democracia. El hecho mismo de denunciar esas lacras requiere valor, ya lo observamos en los mismos medios de comunicación que no se atreven denunciar esos hechos. Y para erradicarlos se necesita, además de la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los ciudadanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral.


Una gran responsabilidad en esta lucha para una paz creíble y no impuesta, recae sobre las personas que tienen cargos públicos. Es cometido suyo empeñarse en una ecuánime aplicación de las leyes y en la transparencia de todos los actos de la administración pública y jurídica. El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, los que debe administrar con vistas al bien común, es decir, una justa redistribución económica entre las regiones que conforman nuestro Estado. La injusta redistribución de estos bienes, atenta contra la paz reinante en nuestro país.


Desde este partido político C.I., entendemos que, una buena gobernanza requiere el control puntual y la corrección plena de todas las transacciones económicas y financieras. De ahí que, de ninguna manera se debe permitir que los recursos destinados al bien público sirvan a otros intereses de carácter privado. Otra cuestión de injusticia que atenta contra la paz reinante en nuestro país, ya que, tal actitud, condena a las familias a la miseria y a la pobreza. Es por eso que, el uso fraudulento del dinero público penaliza sobre todo a los pobres, que son los primeros en sufrir la privación de los servicios básicos indispensables para el desarrollo de la persona (educación y sanidad). Cuando la corrupción se introduce en la administración de la justicia, son también los pobres los que han de soportar con mayor rigor las consecuencias: retrasos, ineficiencia, carencias estructurales, ausencia de una defensa adecuada, sentencias injustas, imputaciones de hechos inventados, persecución política y militar, etc.


Otras formas de injusticias particularmente graves que atentan contra la paz.


Hay otras formas de injusticia que ponen en peligro la paz. En primer lugar está la falta de empleo y medios para acceder al crédito. Por ello, es un deber del gobierno esforzarse para que haya empresas en el país, para que las personas puedan trabajar y buscar mecanismos para que sea posible el acceso al crédito en términos imparciales y con intereses favorables. Ya existen en diversas partes del mundo instituciones financieras que practican el microcrédito en condiciones de favor para quien lo necesita. Son iniciativas que han de ser alentadas, por los bancos de nuestro país, para promocionar las pequeñas y medianas empresas, a fin de que éstas crean empleos y generen riqueza, para terminar con la pobreza y el hambre. No puede haber paz reinante cuando muchas familias están pasando hambre, cuando no hay viviendas dignas, cuando no hay empleo o cuando no hay justicia social.


En segundo lugar, ¿qué decir de los asesinatos que se registran hoy en nuestra sociedad? Es hoy en día una de las violaciones más soeces de los derechos humanos, convertida trágicamente en instrumento de terror. Para contribuir a frenar la propagación de estas formas de violencia que atentan contra la paz reinante, se requieren iniciativas concretas y, especialmente, medidas legales apropiadas. Esto requiere un arduo trabajo educativo, de promoción cultural y de la puesta en vigencia del imperio de la ley y de una justicia implacable. En efecto, hay algo que no puede absolutamente faltar en el patrimonio ético-cultural de cada persona: cual es, la conciencia de que los seres humanos son todos iguales en dignidad, merecen el mismo respeto y son sujetos de los mismos derechos y deberes.


Edificar la paz en la justicia, es tarea de todos y de cada uno.


La paz para todos, nace de la justicia de cada uno. Nadie puede desentenderse de una tarea de importancia tan decisiva para la humanidad. Es algo que implica a cada hombre y mujer, según sus propias competencias y responsabilidades.


Construir la paz en la justicia exige, además, la aportación de todas las categorías sociales, cada una desde ámbito y en colaboración con los demás componentes. En particular, los animo a ustedes, profesores, comprometidos en todos los niveles de la instrucción y educación de las nuevas generaciones: fórmenlas en los valores morales y civiles, infundiendo en ellas un destacado sentido de los derechos y deberes, a partir del ámbito mismo de la comunidad escolar. Educar en la justicia es educar para la paz; ésta es una de las tareas primarias de jueces, los profesores y los del régimen en poder.


No puede haber paz en un país en el que sigue habiendo procesos judiciales políticos con sentencias viciadas que menoscaban la constitución y que los órganos que velan por el cumplimiento, sean incapaces de hacerla efectiva para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos sin importar su color político, credo religioso, grupo étnico, sexo, su estado social, etc.


Para concluir, seguimos asegurando que, para que reine la paz en nuestro país, interesa que exista una verdadera justicia, en la que, el poder judicial sea independiente y los jueces sean capaces de revisar las leyes públicas y declarar si éstas violan o no la constitución. Repetimos, que haya una judicatura independiente que garantice a la población que tomará decisiones basadas en las leyes y en la constitución o Ley Fundamental, no bajo los dictámenes del poder político o partido político gobernante de turno o por la influencia de ciertos grupos de presión, quienes fomentan injusticias a diestra y a siniestra. Un perfecto sistema judicial salvaguarda las libertades y los derechos de los ciudadanos, es decir, el estado de derecho, solo de esta forma  la paz es institucionalizada en la sociedad y pasa a ser incólume en la misma. “Sin justicia NO puede haber paz, porque, de la justicia de cada uno, nace la paz de todos, y esto no se cumple en Guinea Ecuatorial. Por tanto C.I. no ha aprobado dicho discurso, esperaba un discurso esperanzador, objetivista, ilusionante, integrador y constructivo en el campo democrático, económico y social para el año 2019.


Fuentes: Departamento de Análisis, Estudios e Investigaciones.


Publica: Departamento de Comunicación, Prensa y Medios Audiovisuales de C.I.   



 


 




por abamodjo, Viernes, 11 Enero 2019 14:12, Comentarios(0)
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