COMUNICADO INSTITUCIONAL DE DENUNCIA DE CIUDADANOS POR LA INNOVACION (C.I.), AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, POR SU EXTREMADO ABUSO DE PODER, VIOALCION DEL ESTADO DE DERECHO, EL SECUESTRO DEL DERECHO DE SOBERANIA Y EL MENOSPRECIO DE LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN CUANTO A LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

EL partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), mediante este Comunicado Institucional, sale al paso para denunciar una vez más al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial  y a su partido político PDGE, denuncia que dirigimos a la Secretaria General de la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión de la Unión Africana, a la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), a la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa (CPLP), a la ACP, a los Gobiernos de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Burkina Faso, Islandia, Ucrania; Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Angola, Ghana, Cabo Verde, etc., a las Organizaciones Defensoras de los derechos humanos, entre estos: Amnistía Internacional, HRW, EG Justice, Transparency France, Serpa, etc.,  a las instituciones internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Africano de Desarrollo, a la Internacional Demócrata de Centro (IDC), a la Internacional Socialista, a los partidos políticos españoles. PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, PNV, Compromis,  Cha, a los medios de Comunicación: EFE, BBC mundo; CNN, Euronews, Terra, La Vanguardia, RFI, francepress, Radios Exterior de España, África News, Agencia Lusa, etc., siendo estos, nuestros fundamentos de denuncia:

Primero: Que,  este partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), participó legalmente en las elecciones Legislativas y Municipales del 12 de noviembre del año 2017, participaron igualmente las coaliciones electorales del partido gubernamental PDGE  y la de “Juntos Podemos”. El proceso electoral fue totalmente fraudulento, el Gobierno en poder no respetó la propia ley electoral que firmó, eliminó sin justificación alguna, siete listas electorales de C.I que correspondían a los Ayuntamientos de los Distritos Administrativos y Urbanos, entre estas: la de Luba, del Distrito Urbano número 1 de Malabo, del Distrito de Bata, la del Distrito de Niefang, del Distrito de Micomiseng y la del Distrito de Nsorc. Ante esa grave irregularidad de la administración electoral, este partido político C.I. presentó en tiempo y forma recurso contra dicho fraude ante la Audiencia Provincial de Bioko Norte, la respuesta fue el silencio hasta consumar las elecciones. La campaña electoral y las propias  elecciones se desarrollaron en todo momento con una fuerte presencia militar que intimidaba a mano armada a la población para que votara al partido en poder PDGE, obligando al voto público y voto múltiple por un solo individuo; el recuento de los votos fue extremadamente fraudulento en todos los colegios electorales, hasta algunos colegios electorales de la periferia no permitían votar a los militantes de la oposición principalmente a los de C.I, llenaban las urnas de papeletas de PDGE, a las cinco de la madruga. Por eso, tal y como estaba previsto, la Junta Electoral Nacional (JEN), atribuyó al partido político PDGE el 99% de los escaños  en la Cámara de Diputado, el 100% de los escaños en el Senado, el 99% de los escaños en todos los Ayuntamientos del país; mientras que a la Coalición Electoral “Juntos Podemos”, le adjudicó cero escaños, y al partido político C.I., 1 escaño en la Cámara de Diputados y 1 escaño en el Ayuntamiento de Malabo. C.I., presentó recurso de impugnación contra el escrutinio general y contra el mismo proceso electoral ante la Junta Electoral Nacional, sin embargo, el Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial, en presencia del  Gobierno en pleno y ante todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, avaló dichos resultados, reconociendo así que, la coalición electoral del PDGE y el partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), son los grupos políticos que deben estar en las instituciones del país, pero en un porcentaje absurdo e injusto desde el punto de vista democrático.

Segundo: El Gobierno y su partido político PDGE, en su política de abuso de poder, despreciando la legalidad establecida en el país, con un claro objetivo político de implantarse como partido único en Guinea Ecuatorial y con el fin de silenciar el recurso de impugnación del escrutinio general y del mismo proceso electoral, el día 27 de Diciembre de ese año 2017, fabricó un golpe de Estado que imputó al partido político C.I. y su Líder Nacional, D. Gabriel Nsé Obiang Obono, ordenó la detención de los militantes de C.I. en la parte continental y en la parte insular del país, en un total de 150 personas, entre los detenidos estaban los cargos electos (el Diputado y la Concejal), quienes fueron torturados vilmente por las fuerzas de Seguridad del Estado, causando muertes por esas torturas crueles e inhumanos a los militantes de este partido político: Santiago Ebee Ela y Juan Obama Edú. El Gobierno en esa dinámica política contumaz de huida hacia adelante, decidió unilateralmente montar el Parlamento Nacional y los Gobiernos Municipales del país, solo con los escaños de su partido político o coalición electoral PDGE sin permitir que los cargos electos de C.I. tomasen sus escaños que le fueron reconocidos y avalados por la Junta Electoral Nacional y el Tribunal Constitucional de la Nación. Informar que, en esos precisos momentos cuando conformó dichas instituciones, el partido político C.I. estaba aún legalmente en el país, y no invitaron a sus cargos electos asumir sus escaños, ahora resulta que, cuando el actual Parlamento Nacional debería de estar compuesto por la Coalición Electoral PDGE y el partido político C.I., está conformado únicamente por la coalición electoral PDGE. Y, el Gobierno para justificar dicha vergüenza comunista y totalitaria ante la comunidad internacional, decidió dividir a su coalición electoral de PDGE por la mitad, formando dos grupos parlamentarios: la primera mitad, la bautizó como “Grupo Parlamentario PDGE”, mientras a la otra mitad, la bautizó Grupo parlamentario de la “Coalición Democrática, que hoy están en el Parlamento Nacional, como ya dicho. Se trata de una violación fragrante de los artículos 47, 48, 49 y 173 de la Ley electoral, número 8/2015 de fecha 28 de mayo, reguladora de las elecciones a la Cámara de Diputados, Senado, Municipales y Referéndum en la República de Guinea Ecuatorial. Dicha llamada “Coalición Democrática”, nunca estuvo en las elecciones  como tal grupo electoral, no se constituyó a efectos legales para dichas elecciones como determinan los artículo 47 y 173 de la invocada Ley Electoral; de hecho, dicha Coalición Democrática no puede presentar ninguna lista electoral, no puede presentar el emblema oficial o escudo con el que participó en dichas elecciones, no puede decir el numero de votos que obtuvo en dichas elecciones, su nombre no figura en las actas de la Junta Electoral Nacional que ratificó el Tribunal Constitucional y un largo etc. Ante la gravedad de dicho fraude y violación de la ley electoral, y para engañar a la comunidad internacional y ocultar el hecho de haber dejado en la calle ilegalmente a los cargos electos de C.I., ordenó con urgencia a los fiscales, jueces y magistrados, montar un macro juicio político para juzgar y condenar a los militantes de C.I., ordenó disolver al partido político C.I. que no estuvo imputado en el sumario como persona jurídica, tal y como está reflejado en el Auto de Procesamiento del Sumario que el Juez Instructor dictó para tal fin.

Tercero: Pese ese abuso de poder de disolver ilegalmente al principal partido político de la oposición con cargos electos, la Jefatura del Estado y del  Gobierno de la Nación, en su intento de reorientar la situación política del país o buscar su normalización tras la crispación política habido en el país durante el proceso electoral y poselectoral, sancionó los decretos de Amnistía Total número 108/2018, de fecha 4 julio, cuyo artículo Primero dice textualmente:  “Se otorga la Amnistía Total a todos los ciudadanos condenados por los Tribunales de Justicia de Guinea Ecuatorial, por los delitos políticos en el ejercicio de sus actividades, estén o no cumpliendo las penas correspondientes, y a quienes estuviesen en curso en un proceso de incoación de expediente que constituyese un obstáculo para el ejercicio de las actividades políticas”  En esa misma línea, también recoge el artículo Segundo del Decreto de Indulto, número 160/2018, de fecha 10 de octubre, al asegurar que: “En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, la responsabilidad criminal derivada de los actos por los que fueron condenados se declara provisionalmente extinguida; y, en consecuencia, se acuerda el alzamiento de cualquier medida de privación o de restricción de derechos a la que estuvieren sujetos por razón de cumplimiento de las respectivas condenas”.  Estos dos decretos presidenciales tienen su aplicación o efectos jurídicos en el artículo 112 del código penal de Guinea Ecuatorial, el cual asegura que: “la responsabilidad penal se extingue por los siguientes motivos: 1º.-por muerte del reo;  2º.-por el cumplimiento de la condena; 3º.-por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos y 4º.-por indulto”. Con la clara interpretación de la ley en un estado democrático de derecho, el partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), ya quedó restaurado tanto por el decreto de Amnistía Total, como por el de Indulto, porque, ambos, extinguen las penas y anulan dicha sentencia que condenaba tanto al partido político C.I. como a sus militantes, de hecho, estos últimos ya están en libertad definitivamente. Sin embargo, el Gobierno sigue aferrado en su sin razón política de no querer permitir al partido político C.I. iniciar oficialmente su actividad política en la nación y ocupar sus escaños en las instituciones del Estado. Y la pregunta que hacemos al gobierno es ¿en qué instrumento jurídico sigue amparándose para justificar el no funcionamiento del partido político C.I. y que sus cargos electos no puedan ocupar sus escaños, cuando los inventados delitos ya quedaron extinguidos y la sentencia anulada?

Cuarto:  En el mes de septiembre del año 2018, el mismo Presidente de la Republica ante la Asamblea General de la Naciones Unidas, reconoció de manera pública y oficialmente que, en Guinea Ecuatorial existen 18 partidos políticos legalizados, entre estos el partido político C.I.; en la misma línea, también ratificó el Tercer Vice Primer Ministro encargado de los Derechos Humanos, durante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra Suiza, a Guinea Ecuatorial el pasado 13 de mayo año en curso que en Guinea Ecuatorial existen 18 partidos políticos legalizados, C.I. incluido y, en nombre de su Gobierno que representaba en dicho foro mundial, aceptó todas las recomendaciones que la comunidad internacional presente en dicho foro mundial presentó al Gobierno en materia de la democratización y el respeto de los derechos humanos en el país, y, entre las recomendaciones, constaba que el Gobierno permita al partido político C.I. tomar con urgencia sus escaños en las instituciones. Pese a estas manifestaciones al Gobierno ante la comunidad internacional, sin embargo, este (el Gobierno de la nación), sigue sin querer permitir la participación política de C.I en el escenario político nacional, impidiéndo políticamente su restauración en el ejercicio de la actividad política, así como permitir a sus cargos electos ocupar sus escaños en las instituciones del Estado. Haciendo caso omiso a las recomendaciones de la ONU.

Quinto: De haber independencia judicial en Guinea Ecuatorial, el partido PDGE, es reo de ser disuelto legalmente, por menoscabar el artículo 24 inciso (I) de la Ley Numero 4/2015, de fecha 28 de mayo, de partidos políticos de Guinea Ecuatorial por la participación de sus militantes en la tentativa de magnicidio y desestabilización en Guinea Ecuatorial, según su propia resolución número 29 de fecha 2 de noviembre del año 2018. El Fiscal General de la Republica, en defensa de la legalidad, debe enjuiciar a dicho partido con las facultades que le otorga el artículo 99 de Ley Fundamental de G.E. 

Sexto: Todas estas actuaciones del Gobierno violan los artículos 2 y el 9.1. de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial; los artículos 47, 48, 49 y 173 de la ley número 8/2015, de fecha 28 de mayo, reguladora de las elecciones a la Cámara de Diputados, Senado, Municipales y Referéndum   de la República de Guinea Ecuatorial; el artículo 24 inciso (I) de la ley número 4/2015, de fecha 28 de mayo de partidos políticos de Guinea Ecuatorial; el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el articulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas esas disposiciones que están siendo violadas por el Gobierno del PDGE, convierten a la Fiscalía General de la Republica, en cómplice directo de todos estos abusos de poder y del pisoteo del estado de derecho en Guinea Ecuatorial por parte del Gobierno en poder y su partido PDGE.

Séptimo: Denunciamos que, los asuntos de Estado, cuyas decisiones afectan a las instituciones del Estado, entre estas, la participación política de los partidos políticos en el escenario político del país, los temas de la dirección política del Estado,  etc., se estén tomando decisiones en clave familiar al margen de la legalidad establecida en la nación, los postulados de la democracia y los compromisos políticos contraídos entre el Gobierno y los partidos políticos.

Ante todo lo ampliamente expuesto, Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial C.I., presenta a los  Gobiernos, instituciones y Organizaciones de la comunidad internacional antes mencionados que, la situación política de Guinea Ecuatorial es extremadamente grave, no solo para con el partido político C.I., sino, para toda la oposición en general. El régimen en poder tiene ya secuestrado al país, no respeta ya la vigencia de las elecciones, ya es capaz hasta de imponer a la carta a los representantes del pueblo, sin que esos hayan sido votados por los ciudadanos de la nación, una clara usurpación al derecho de soberanía que corresponde al pueblo y en menoscabo del artículo 2 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial que dice textualmente que: “La soberanía pertenece al pueblo, el cual la ejerce a través del sufragio universal (elecciones). De ella emanan los poderes públicos que se ejercen en las condiciones que esta Ley Fundamental y otras leyes  que lo determinan. Ninguna fracción del pueblo o individuo puede atribuirse al ejercicio de la soberanía nacional”. Es por eso que, solicitamos democráticamente a todos los Gobiernos, Organizaciones e Instituciones internacionales antes mencionados que, exijan al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial y su Gobierno que, cumplan con las recomendaciones que les dieron durante el último EPU en Ginebra, entregando los escaños al partido político C.I. obtenidos en las elecciones legislativas y municipales del 12 noviembre del año 2017; que lo permita realizar su actividad política en la nación libremente conforme al estado de derecho, cuyas leyes lo amparan; que cese por completo la persecución política y militar a los dirigentes políticos de la verdadera oposición y sus militantes; que conforme el Parlamento Nacional de acuerdo a los resultados que tienen las actas de las últimas elecciones legislativas y municipales, que obran en la Junta Electoral Nacional y en el Tribunal Constitucional, anulando el Grupo Parlamentario “Coalición  Democrática”, porque dicho grupo parlamentario es ilegal; que libere de las cárceles del país a todos los presos políticos; que termine por completo las prácticas de torturas en Guinea Ecuatorial, que establezca una Comisión Electoral Independiente para acabar con los fraudes electorales, que convoque una nueva sentada con todos los partidos políticos de la oposición en general sin exclusiones, para acometer verdaderas reformas políticas democráticas.

Si el Gobierno de Guinea Ecuatorial y su partido PDGE siguen desafiando a esa comunidad internacional, sin cumplir las recomendaciones y exigencias que les fueron presentados en la ONU,  deben ya imponer sanciones al régimen de Guinea Ecuatorial, entre estas: la negación de conceder visados a los miembros de ese gobierno y a los diputados y senadores del parlamento monocolor y antidemocrático, en defensa de la democracia en Guinea Ecuatorial y el respeto escrupuloso de los derechos humanos, al no haber un parlamento pluralista donde llevar el control al Gobierno en su gestión pública, las instituciones internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD), no deben confiar al Gobierno de Guinea Ecuatorial en los asuntos financieros de créditos.

Malabo, 31 de julio de 2019.

LA SEDE NACIONAL.